Las malas prácticas en el sector financiero no son cosa del pasado. Así lo refleja la reciente actuación del Banco de España, que ha impuesto sanciones por un total de 41,5 millones de euros a CaixaBank y Banco Sabadell por conductas calificadas como infracciones muy graves en la comercialización y gestión de préstamos a sus clientes.
La mayor multa corresponde a CaixaBank, con 25 millones de euros, mientras que Sabadell deberá hacer frente a 16,5 millones. Ambas sanciones figuran en la Memoria de Actuaciones de 2025 del supervisor, en un contexto marcado por un endurecimiento notable de la política sancionadora.
En el caso de CaixaBank, el Banco de España considera acreditado que la entidad no disponía de mecanismos adecuados para garantizar el llamado principio de préstamo responsable. Según el supervisor, no existían procedimientos suficientemente eficaces para evitar que la carga de la deuda asumida por determinados prestatarios comprometiera de forma significativa su capacidad para afrontar sus gastos familiares ordinarios. El organismo subraya, además, que la gravedad del incumplimiento se ve reforzada por el elevado número de operaciones afectadas.
Respecto a Banco Sabadell, la infracción se sitúa en el ámbito de los créditos inmobiliarios. El supervisor reprocha a la entidad haber incurrido en prácticas de venta vinculada prohibidas por la normativa, además de no haber actuado con la imparcialidad exigible ni con el debido respeto a los intereses de los clientes. También en este supuesto, el Banco de España destaca tanto la repetición de la conducta como el volumen de operaciones afectadas.
A diferencia de CaixaBank, en el caso de Sabadell el Ministerio de Economía ya ha confirmado la sanción, aunque la entidad ha optado por continuar la batalla judicial por la vía contencioso-administrativa.
Estas resoluciones forman parte de un informe remitido por el Banco de España a la presidencia del Congreso en cumplimiento de sus obligaciones legales de rendición de cuentas.
La mayor parte de ese volumen sancionador se concentra precisamente en CaixaBank y Sabadell, lo que refuerza la idea de que los problemas en la relación entre banca y cliente siguen lejos de desaparecer. Más allá del discurso institucional sobre transparencia y protección del consumidor, estas sanciones apuntan a que continúan produciéndose incumplimientos relevantes en cuestiones tan sensibles como la concesión responsable de crédito o el respeto a la normativa hipotecaria.
Pese a ello, tanto CaixaBank como Sabadell niegan haber cometido irregularidades y confían en que los recursos presentados prosperen. Sin embargo, la contundencia de las sanciones y la calificación jurídica empleada por el supervisor vuelven a poner sobre la mesa una cuestión incómoda: las malas prácticas bancarias no han desaparecido, y la intervención del Banco de España es una prueba clara de ello.
